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Pandemias y ciudades resilientes en Ecuador: ¿qué hacer después del Covid-19?


En un mundo globalizado donde la interdependencia entre naciones y sistemas es cada vez más fuerte, todos somos más o menos vulnerables a las crisis económicas, convulsiones sociales, epidemias u otras circunstancias que se viven en cualquier parte del mundo. Las ciudades están especialmente expuestas justamente por ser las que concentran la mayor cantidad de personas. De acuerdo a las Naciones Unidas, la población residente en áreas urbanas habrá sumado 2.500 millones de personas en todo el mundo en 2050, hasta representar el 68 %.

América Latina es una región altamente urbanizada, las cifras de la evolución de la población urbana realizadas por CEPAL señalan que para el 2020, el 80% de la población de la región vivirá en ciudades.


¿Y esto qué tiene que ver con una pandemia? Que en la actualidad el número y diversidad de epidemias ha incrementado en los últimos años con una tendencia a la alza, y con la alta posibilidad de que un brote local (en cualquiera de estas ciudades mega urbanizadas) se convierta en una pandemia global.


Como hemos sido testigos con el Covid-19, estos brotes tienen impactos geopolíticos, económicos y sociales, alteran el comercio y productividad a nivel mundial y ponen en riesgo la vida de millones de personas.


Entre los factores que incrementan los riesgos de pandemias se encuentra el crecimiento urbano masivo, mal planificado, acelerado, no inclusivo y que pone presión en las urbes para la provisión de servicios como agua, transporte, recolección de residuos, entre otros. La urbanización mal planificada que implica el asentamiento de personas en condiciones precarias y de desigualdad, incrementa la posibilidad de propagación de enfermedades, entre otras tragedias. La realidad de la urbanización a nivel mundial da cuenta de esta situación.


Ecuador no está lejos de esta realidad. De acuerdo al informe del Ecuador para Hábitat III realizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la situación es la siguiente:


  1. Aproximadamente 2,8 millones de ecuatorianos están localizados en asentamientos precarios e irregulares.

  2. Se calcula que hay un aproximado de 37.064 hogares localizados en zonas de amenazas no mitigables, protegidas y/o declaradas no habitables.

  3. En la mayoría de ciudades del país hay escasez de áreas verdes y de esparcimiento, ya que el Índice de Verde Urbano IVU es de 4,7 m2 por habitante, muy por debajo de los índices internacionalmente recomendados.

  4. Existe escasez de suelo y oferta de vivienda asequible para la población más pobre del país, y predominan las prácticas especulativas en el mercado del suelo.

  5. El crecimiento urbano ha sido descontrolado y por fuera del límite urbano causando la una fragmentación social y territorial, y una gran presión antrópica sobre territorios ecológicamente sensibles y agroproductivos.

  6. Los gobiernos municipales tienen una escasa capacidad fiscal de para movilizar recursos dirigidos a mejorar la dotación de servicios, reducir el déficit de vivienda informal, mejorar el transporte público y generar espacio público de calidad.


Al crecimiento urbano acelerado y desordenado le acompaña lamentablemente la destrucción de los hábitats naturales por el uso insostenible de los recursos hídricos, la destrucción de zonas forestales, la disminución de las áreas destinadas para la agricultura y los modelos insostenibles de producción y consumo. “Varios de los llamados virus emergentes han aparecido porque se han colonizado zonas donde hasta ahora no había humanos”, confirma Margarita del Val, investigadora en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”.


A ello se le suma el cambio climático que es un multiplicador de riesgos tanto por los factores de temperaturas que ayudan a la propagación de epidemias, como por las enfermedades respiratorias y cardíacas a consecuencia de las emisiones contaminantes. El Banco Mundial estima que la degradación de la calidad del aire produce alrededor de 5,5 millones de muertes al año.


De acuerdo al informe del Ecuador para Hábitat III realizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la situación en el país es la siguiente:


  1. Las emisiones totales se incrementaron en un 55% entre 1990 y 2006.

  2. Las mayores variaciones ocurrieron en el sector energía (incremento del 112%), principalmente por el aumento en la industria de energía (47% del incremento) y del sector transporte (39% del incremento).

  3. Las emisiones en el sector Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura se duplicaron como resultado del aumento de los aportes por conversión de bosques y pastizales a usos agrícolas y otras actividades de manejo y uso de suelos.

  4. Actividades como la expansión de la frontera agrícola y áreas pobladas; la colonización de zonas selváticas y de páramos; y la transformación de zonas de manglares en camaroneras u otros usos, como opciones más lucrativas que el aprovechamiento del bosque o vegetación nativa. Las emisiones en este sector han incrementado en 46,7% en 10 años.

  5. En el sector de la energía las emisiones de GEI pasaron incrementaron en 52,3 %. Las principales actividades generadoras de CO2 en este sector son: (1) transporte, con el 47,8% del total de emisiones de CO en 2006 e industrias de energía que representa el 31,4 %. Las emisiones vehiculares no controladas son la fuente principal de contaminación del aire de las áreas urbanas y las tendencias recientes del crecimiento del parque automotor sugieren que estos problemas continuarán y posiblemente se agravarán.


Otros factores que incrementan la vulnerabilidad a la propagación de enfermedades, son la movilidad de las personas en un mundo hiperconectado y el creciente turismo internacional. A ello se le suma también la desinformación donde los medios de comunicación y las redes sociales juegan un rol fundamental para gestionar una crisis de manera adecuada o para difundir el pánico más rápidamente.


Finalmente, las desigualdades, especialmente la de género, son otro factor de riesgo puesto que el género es un condicionante que agrava la situación de salud y bienestar de una persona y éste a su vez interactúa con otros condicionantes agravantes como la exclusión social, situación socioeconómica, discapacidad, ubicación geográfica e identidad sexual. La combinación de shocks y estrés prolongados o recurrentes puede empujar a las poblaciones vulnerables a la pobreza o mantenerlas ahí. En el caso de Ecuador, el informe del Ecuador para Hábitat III realizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda señala:


“A nivel nacional existen 3´810.548 hogares, de los cuales el 28,7% tienen jefatura femenina, y de éstos, el 80,8% se encuentran en el área urbana, es decir en sectores amanzanados. A nivel nacional, los hogares afroecuatorianos son los que tienen mayor número de mujeres jefas de hogar (32,2%), por encima del promedio nacional; el pueblo montubio es el que presenta un menor porcentaje de hogares con jefatura femenina 21,4%. De los hogares con jefatura femenina, el 70,2% carece de cónyuge, es decir, aproximadamente 770.000 mujeres están como jefas de hogar y asumen solas la crianza de sus hijas/os. Además, en el país 3´645.167 mujeres son madres; de este grupo, 339.656 son madres solteras y 122.301 son madres adolescentes. El 51,3% de las madres solteras tiene un hijo, el 20,6% dos y el 7,1% tiene más de seis hijos.”


Todos los factores señalados implican que el mundo es cada vez más propenso a sufrir pandemias y que éstas tienen un potencial destructor inmenso: pueden causar millones de muertes, desestabilizar gobiernos, paralizar el comercio y la movilidad mundial (una estimación coloca el costo de la influenza pandémica en 570.000 millones de dólares por año, lo que lo ubica en el mismo orden de magnitud que el cambio climático). Por ello, es fundamental que las ciudades estén preparadas para enfrentar estos shocks mundiales a fin de que el impacto y la recuperación sea menos costosa y más rápida.


La resiliencia urbana es justamente “la capacidad de las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que experimenten. Tensiones crónicas son las que debilitan el tejido de una ciudad sobre una base cotidiana o cíclica. Impactos agudos son eventos repentinos e intensos que amenazan a una ciudad.”


Construir resiliencia urbana no implica únicamente aprobar planes o políticas públicas, mejorar la calidad de las inversiones y enfocarse en los más vulnerables para reducir su riesgo, sino también, la generación de una conciencia ciudadana que conozca los riesgos a los que está expuesta, que entienda sus implicaciones y que se adapte y responda aprendiendo para seguir funcionando frente a nuevas circunstancias.


Más allá de los planes de prevención, gestión de riesgos y respuesta ante emergencias, que son absolutamente necesarios, es preciso que las ciudades ecuatorianas reduzcan sus vulnerabilidades y trabajen participativamente con la ciudadanía para generar un verdadero proceso de aprendizaje social y ciudadano para enfrentar futuras pandemias u otro tipo de shocks.


Las cifras de Ecuador nos muestran que las principales vulnerabilidades sociales están alrededor de la informalidad tanto en vivienda como empleo, las cuales tienen un impacto directo en el incremento de emisiones (y por tanto mayor riesgo a eventos por el cambio climático) por la ampliación de las fronteras urbanas, las altas tasas de deforestación y los altos niveles de contaminación urbanos. Frente a una nueva pandemia u otros impactos agudos o tensiones crónicas, estas poblaciones serán quienes se mantengan en círculos viciosos de pobreza, desigualdad e informalidad incrementando la vulnerabilidad de las ciudades en su integralidad.


Para ello es fundamental que las ciudades tengan claridad de los efectos económicos de los eventos de shock y del costo-efectividad de las medidas de preparación con el fin de abogar por su financiación y facilitar la planificación en materia de gestión de riesgos con una mirada transversal sobre el efecto que las desigualdades sociales y las de género tienen en dicha gestión. De acuerdo a proyecciones realizadas por el Banco Mundial, “si no se realizan inversiones considerables para mejorar la resiliencia en las ciudades de todo el mundo, el cambio climático podría empujar a la pobreza a 77 millones de residentes urbanos”.


Se requiere adicionalmente fortalecer las capacidades de los municipios para acceder a financiamiento para invertir en medidas de resiliencia y la apertura de los organismos internacionales para entender que son las ciudades y no sólo los países los que deben prepararse y reponerse ante los riesgos que enfrentaremos a futuro, por lo que requieren de instrumentos financieros adaptados a sus realidades.


Finalmente, una estrategia de resiliencia debe ubicar a la gente en la base. Desde los barrios y comunidades se debe fortalecer la cohesión social y la capacidad de autoorganización para que construyamos instituciones sociales sólidas y, por tanto, capacidades asociadas al desarrollo humano. Sólo fortaleciendo al eslabón más débil de la cadena es que todos seremos más fuertes para enfrentar los riesgos que el mundo globalizado y el cambio climático nos traerán.



Daniela Chacón Arias

Directora Ejecutiva

Fundación TANDEM


Fuentes:

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